Bogotá, 8 de septiembre de 2025.
Keralty, la multinacional española propietaria de la EPS Sanitas, exigió al Gobierno colombiano reparación “efectiva e inmediata” tras el fallo de la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención estatal sobre la entidad. En un comunicado, la compañía calificó la medida como un ataque frontal a los derechos fundamentales, y responsabilizó al Ejecutivo por el colapso parcial del sistema de salud durante más de un año.
Intervención cuestionada y daños denunciados
La Superintendencia Nacional de Salud tomó el control de Sanitas en abril de 2024 aduciendo incumplimientos financieros y fallas operativas. Sin embargo, el fallo reciente anuló la medida por vicios legales, validando la posición de Keralty. La empresa sostiene que durante los 17 meses de intervención estatal:
Pacientes quedaron sin atención oportuna.
Escasearon medicamentos esenciales.
La red de prestadores sufrió deterioro profundo.
Se erosionó la confianza del personal y de millones de afiliados.
Describieron la intervención como “improvisada, carente de humanidad y con consecuencias devastadoras”.
Un llamado firme al cumplimiento y al Estado de derecho
Keralty no solo exige el cumplimiento total del fallo judicial, sino también la compensación por el daño moral, institucional, financiero y humano. Además, advierten que ignorarlo sería un nuevo atentado contra el Estado de derecho. La compañía solicita el pago de deudas pendientes, el cese inmediato de campañas de desinformación y la creación de garantías institucionales que eviten que hechos similares se repitan.
Justicia, no venganza
En su mensaje, Keralty refrendó:
“No buscamos venganza, pero sí justicia. Quienes orquestaron esta estrategia destructiva deben rendir cuentas.”
Así, llama a que los responsables respondan ante tribunales y rechaza que el episodio quede en la impunidad.
Reconstrucción bajo presión
Con su control recuperado, Keralty anunció el inicio de un proceso de reconstrucción del sistema, pero advirtió que esto no será sencillo ni inmediato. Los problemas persisten: quejas aumentaron un 40 %, las tutelas se duplicaron, y las operaciones fueron duramente golpeadas.
El grupo también avanza con un arbitraje internacional por 1.200 millones de dólares, argumentando que la intervención fue una expropiación indirecta y viola tratados de inversión entre Colombia y España.
Conclusión
El regreso de Sanitas a manos privadas no representa cierre de capítulo, sino el inicio de una batalla legal y reputacional. Keralty exige que la reparación del daño sea tangible, rápida y transparente, para garantizar no solo la restañación del sistema, sino también la dignidad de quienes confían en su salud.
Una respuesta
Me parece que es lo que corresponde, teniendo en cuenta las decisiones abusivas y fuera de la ley del gobierno específicamente del ejecutivo, no puede ser que el presidente resuelva caprichosamente acabar con la salud a su antojo como si fuera el dueño de la vida bienes y honra de los colombianos