Bogotá, 22 de agosto de 2025.
Tras los atentados terroristas que sacudieron a Cali y Antioquia —con un camión bomba frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez y un ataque con dron contra un helicóptero policial— el Gobierno Nacional evaluó declarar el estado de conmoción interior, un mecanismo de excepción contemplado en la Constitución para situaciones de grave alteración del orden público. Sin embargo, finalmente decidió no activar esta figura y optó por recurrir a instrumentos legales ordinarios y el fortalecimiento operativo de seguridad.
¿Qué significa la conmoción interior y por qué se consideró?
La conmoción interior es una figura constitucional reservada para emergencias extremas. Permite al Presidente expedir decretos con fuerza de ley, restringir ciertos derechos —como toques de queda o agrupaciones— y movilizar recursos extraordinarios por un periodo inicial de 90 días, prorrogables bajo control legislativo y constitucional.
El Gobierno evaluó su aplicación tras los ataques que dejaron decenas de muertos y múltiples heridos, considerando que el suroccidente del país vive una amenaza que supera la capacidad institucional ordinaria. Sin embargo, la decisión final fue no decretarla.
¿Por qué se descartó al final?
En un Consejo de Seguridad extraordinario realizado en Cali, el presidente decidió descartar este estado de excepción. El argumento central fue priorizar respuestas concretas mediante medidas vigentes, como el despliegue de fuerzas de seguridad, reforzamiento institucional regional, inteligencia estratégica y decretos ejecutivos con herramientas ya reguladas por el Estado.
Reacciones y división institucional
El alcalde de Cali fue enfático en rechazar la medida, señalando que no era momento de concentrar poder, sino de garantizar presencia real y efectiva de seguridad pública en barrios y sectores vulnerables.
Sectores políticos y sociales expresaron inquietudes sobre los riesgos de restringir derechos civiles en momentos de crisis, destacando que el uso de este mecanismo debería ser prudente y limitado.
Editorial — ¿Entre emergencia y normalidad constitucional?
Esta decisión refleja una encrucijada democrática: responder efectivamente sin sacrificar garantías. Optar por medidas dentro de la institucionalidad constitucional fortalece la percepción de Estado, pero también incrementa la presión sobre las estrategias de seguridad y coordinación territorial.
Este momento exige:
Eficiencia operativa: respuestas firmes sin centralizar el poder.
Transparencia legal: que las medidas se basen en mecanismos vigentes y no en decretos extraordinarios.
Confianza institucional: evitar el mensaje de que la violencia obliga al Estado a salirse del marco constitucional.
Conclusión
El Gobierno Nacional evaluó, pero finalmente no decretó el estado de conmoción interior tras los atentados en Cali y Antioquia. Eligió fortalecer las capacidades de seguridad existentes y preservar el equilibrio democrático. Colombia queda ante el reto de contener la violencia sin ceder en institucionalidad.