Bogotá, 20 de agosto de 2025.
En un giro que intensifica la tensión diplomática entre Colombia y Nicaragua, el Gobierno nicaragüense confirmó hoy que ha rechazado formalmente la solicitud de extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, investigado por corrupción en el caso de la UNGRD. Al exfuncionario, llamado a responder por delitos como cohecho, peculado y lavado de activos, se le ha otorgado asilo político, según lo establecido en la Constitución y los convenios internacionales de Nicaragua sobre derechos humanos y protección de perseguidos políticos.
Lo que implica esta decisión
Impedimento de retorno: La negativa de Nicaragua bloquea por ahora las vías judiciales para que González responda ante la justicia colombiana.
Asilo político vigente: La resolución oficial del país centroamericano lo ampara bajo premisas de posible persecución política, lo que lo exime de deportación o entrega internacional.
Tensión institucional: Voceros del Gobierno colombiano han señalado que esta resolución complica las relaciones diplomáticas y pudiera derivar en revisión de protocolos exteriores o agendas bilaterales.
Contexto y antecedentes
Desde mediados del año pasado, González permanece en Nicaragua. La sociedad colombiana lo señala como uno de los cerebros del entramado corrupto que sacó recursos públicos a través de contratos inflados en la Unidad de Gestión del Riesgo.
El Gobierno colombiano había presentado a Nicaragua una solicitud formal de extradición, respaldada por órdenes judiciales, pruebas acumuladas por la Fiscalía y la inminencia de una orden de captura internacional.
Editorial — Democracia y justicia frente a la protección política
El caso derriba varios principios fundamentales:
No hay justicia efectiva sin cooperación. Cuando un país niega la extradición, lesiona el Estado de Derecho y erosiona la confianza en la rendición de cuentas.
El asilo no puede ser refugio para impunidad. Esta figura, diseñada para proteger perseguidos ideológicos, amenaza convertirse en un escudo contra la justicia penal legítima.
Estado de confrontación institucional. La decisión de Nicaragua debilita la cohesión legal entre países y abre la agenda a represalias diplomáticas o medidas recíprocas que afecten la reputación internacional colombiana.
Conclusión
Nicaragua ha bloqueado hoy el regreso del exfuncionario colombiano Carlos Ramón González, otorgándole protección política y negando su extradición. La decisión representa un desafío profundo al sistema judicial colombiano y adelanta una crisis diplomática que demanda respuestas claras, legales y estratégicas por parte del estado.