Bogotá, junio 2025. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una crítica contundente al Gobierno Nacional tras conocerse que excombatientes desmovilizados de las antiguas guerrillas—entre ellas las FARC y el M-19—han sido integrados en el personal de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según Gutiérrez, esta decisión ha generado “una desconfianza muy grave” entre quienes hoy reciben protección, particularmente a figuras opositoras y públicas.

🧭 Contexto del señalamiento

La alerta llegó en medio de la crisis de seguridad que sigue al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Gutiérrez denunció que, mientras el atentado ocurría, el Ejecutivo había suspendido recursos clave y, además, estirado la regla fiscal. En esta coyuntura, el alcalde cuestiona la lógica del Gobierno: reforzar estructuras con exguerrilleros mientras reduce la seguridad de disidentes políticos.

Dijo que el caso de Uribe ejemplifica esta contradicción: el excandidato solicitó mejoras a su esquema de protección y no obtuvo respuesta oportuna por parte de la UNP.

⚠️ ¿Qué preocupa a los protegidos?

Gutiérrez afirmó que existen “miles de funcionarios y personas con esquema de protección” que hoy sienten inseguridad debido a este cambio en los perfiles del personal encargado. “La UNP se la tomaron”, enfatizó, aludiendo a un vaciamiento institucional que pretende favorecer a antiguos miembros de grupos armados por encima de las necesidades urgentes de actores políticos y sociales vulnerables.

🏛️ Interpretación institucional y política

Para Gutiérrez, el hecho constituye un debilitamiento de las instituciones: al parecer, la dirección de la UNP ha dejado pasar esta integración sin consideración por el impacto en la confianza pública. El alcalde alertó que el problema no es ideológico, sino práctico: la seguridad debe estar basada en la capacidad técnica y en la credibilidad de quienes gestionan la protección.

Esta situación agrava las tensiones políticas y alimenta la polarización, porque coloca al debate de seguridad en el corazón de la disputa entre Ejecutivo y oposición.

🛡️ Seguridad, confianza y transparencia

La presencia de exguerrilleros con roles activos en los esquemas de protección abre varias interrogantes:

• ¿En qué condiciones laborales ingresaron?

• ¿Recibieron entrenamiento especializado?

• ¿Pasaron por procesos rigurosos de selección?

• Sobre todo: ¿cómo se controla la confidencialidad y la lealtad en una institución clave para preservar la vida de líderes y actores públicos?

🔍 Repercusiones esperadas y próximos pasos

La crítica de Gutiérrez ya ha activado voces en la Procuraduría y la Contraloría, que han señalado la necesidad de revisar los requisitos de perfil, idoneidad y antecedentes en la UNP. También hay voces políticas y gremiales que exigen una auditoría rápida y transparente sobre los criterios de selección de escoltas.

Mientras tanto, el alcalde aseguró que no cortará sus actividades públicas y que mantendrá su trabajo sin importar la presión política, confiando en la protección pública y en su voluntad de no dejarse intimidar.

❓ ¿Qué implica esto para el país?

La discusión va más allá de perfiles individuales. Tiene implicaciones profundas para la percepción ciudadana de confiabilidad institucional, la legitimidad de la protección a líderes políticos y la capacidad del Estado para equilibrar inclusión y seguridad.

En un contexto de polarización y amenazas crecientes, este episodio pone en evidencia la complejidad de gestionar la seguridad pública en democracia: ¿quién protege a los protectores?

Conclusión:
El llamado de alerta de un alcalde es el reflejo del dilema al que se enfrenta la UNP: integrar desmovilizados sin generar desconfianza puede ser un error que debilite, en lugar de fortalecer, la protección estatal. Las respuestas, en este caso, serán un termómetro para la capacidad de las instituciones de preservar la confianza y funcionalidad en contextos críticos.