Bogotá, 17 de junio de 2025.
Una fuerte declaración conjunta de 32 alcaldes de ciudades capitales, reunidos bajo la figura de Asocapitales, ha puesto en el centro del debate nacional la crisis de seguridad que atraviesa el país. En el documento, los mandatarios exigen al Gobierno Nacional la liberación inmediata de $300 mil millones de pesos asignados al Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), recursos que, aseguran, han sido retenidos pese a los compromisos adquiridos con las regiones.
La carta pública advierte que el debilitamiento de la fuerza pública, la falta de patrullaje y la caída de programas de prevención ha coincidido con el repunte de atentados, homicidios selectivos, secuestros y ataques con explosivos en múltiples territorios.
“Estamos enfrentando una situación insostenible. No se puede hablar de paz ni de transformación social sin garantizar condiciones mínimas de seguridad en las calles”, señala uno de los apartes del pronunciamiento.
🔍 Contexto: ¿por qué ahora?
El llamado se da en medio de una escalada violenta en regiones como el Valle del Cauca, el Cauca, Antioquia y la región Caribe, donde las disidencias armadas, el crimen organizado y bandas locales han intensificado sus acciones. Los alcaldes advierten que la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente y reclaman que los fondos para seguridad están represados, lo que ha impedido:
La renovación de parque automotor de la Policía.
El funcionamiento pleno de cámaras de vigilancia.
El fortalecimiento de frentes de seguridad.
La implementación de tecnología de prevención.
🧭 Propuestas concretas
La misiva incluye cinco líneas de acción urgentes:
Desbloqueo inmediato de los recursos del Fonsecon.
Implementación de estrategias tecnológicas para fortalecer la inteligencia territorial.
Ampliación de patrullajes en zonas de alto riesgo.
Campañas de denuncia ciudadana y redes de apoyo comunitario.
Mayor articulación con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
📢 Presión en redes y expectativa política
El llamado ha sido replicado en redes sociales bajo la etiqueta #SeguridadYA, que en pocas horas se convirtió en tendencia nacional. Líderes gremiales, ciudadanos y analistas se sumaron a la exigencia, señalando que la inacción estatal podría abrirle paso a un nuevo ciclo de impunidad y descontrol urbano.
Mientras tanto, la Casa de Nariño guarda silencio, aunque se anticipa una rueda de prensa del Ministerio del Interior para pronunciarse sobre la solicitud.
La tensión entre los gobiernos locales y el Ejecutivo nacional sigue escalando, dejando en evidencia que, sin inversión en seguridad, los territorios podrían quedar a merced de las estructuras criminales que avanzan sin freno en distintas zonas del país.