El alcalde de Medellín lanza una alerta institucional: asegura que el Gobierno recortó drásticamente su esquema de protección en medio de tensiones por su postura contra el crimen.
Medellín, junio de 2025. En medio del despliegue del llamado “Plan Burbuja” y las crecientes tensiones por la seguridad urbana en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez reveló un hecho que eleva el tono del enfrentamiento entre autoridades locales y nacionales: la Unidad Nacional de Protección (UNP) habría reducido en más del 60 % su esquema de seguridad personal, presuntamente por decisión del Gobierno Nacional.
La denuncia fue hecha en una entrevista concedida a La FM, donde el mandatario no dudó en calificar la medida como un acto de presión política:
“El Gobierno nacional creyó que desmontando nuestros esquemas nos iba a callar, y no. Esta ciudad no se amordaza”, afirmó Gutiérrez.
🔍 ¿Qué implica esta reducción?
El esquema de seguridad del alcalde, según fuentes cercanas, pasó de tener un grupo robusto de protección con vehículos blindados, escoltas y apoyo logístico, a una dotación mínima que no se ajusta al nivel de riesgo actual.
Gutiérrez sostiene que esta acción:
Lo deja personalmente expuesto en un momento de alta tensión territorial.
Limita su capacidad operativa para desplazarse y coordinar estrategias de seguridad.
Envía un mensaje intimidante a otros alcaldes o funcionarios que cuestionen al Gobierno en temas de seguridad o justicia.
⚠️ Debate institucional en marcha
La denuncia ha desatado una tormenta política inmediata:
Voceros del Gobierno han restado importancia al hecho, señalando que los esquemas de protección se ajustan periódicamente con base en estudios de riesgo técnico.
Líderes de oposición y juristas constitucionalistas han solicitado que la Corte Constitucional investigue si existe un uso indebido de los recursos de protección como mecanismo de censura o retaliación.
En el Congreso, varios representantes han pedido una audiencia pública con el director de la UNP, para clarificar los criterios aplicados y los posibles sesgos en las decisiones recientes.
🧭 Un nuevo foco en la relación Gobierno – Alcaldías
Este hecho reabre un debate sensible en Colombia: ¿puede el Ejecutivo condicionar la seguridad de un alcalde por razones políticas?
La autonomía de los mandatarios locales frente al Gobierno Nacional está consagrada en la Constitución, y cualquier intento de interferencia operativa o de intimidación institucional podría constituir una violación a los principios democráticos.
“No se puede permitir que la seguridad personal de un alcalde se convierta en moneda de cambio por su posición política. Estamos hablando de la vida de un funcionario elegido por voto popular”, advirtió un analista de gobernanza urbana.
📌 ¿Por qué importa este caso?
Porque pone bajo el reflector:
La función de la UNP y sus criterios de asignación.
La autonomía de los mandatarios frente al poder central.
La fragilidad institucional cuando la seguridad se politiza.
El riesgo de precedentes que silencien a quienes denuncian estructuras criminales.