Corrupción millonaria, carrotanques fantasmas y líderes políticos implicados: el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sacude al país y pone en evidencia la fragilidad del acceso al agua en La Guajira.

Bogotá, junio de 2025. Lo que comenzó como una promesa de ayuda humanitaria terminó en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente cargos contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), por los delitos de cohecho, lavado de activos y concierto para delinquir. El epicentro del caso: la compra y desvío de recursos destinados a los carrotanques de agua potable para La Guajira, que nunca llegaron a su destino.

El proyecto, anunciado con bombos y platillos como una solución temporal al problema de sequía crónica en la región, resultó ser un fraude de más de $46.000 millones de pesos. Según las investigaciones, los contratos fueron direccionados y parte de los pagos terminaron en cuentas de testaferros y empresas ficticias.

⚖️ Las consecuencias penales se extienden

El caso no se detiene en un funcionario. A finales de 2024, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de dos congresistas activos, cuya identidad permanece en reserva por razones procesales, pero que habrían intervenido para facilitar la adjudicación corrupta de los contratos.

En mayo de 2025, se conoció que la misma Corte abrió investigación preliminar contra la senadora Martha Peralta, vinculada al presunto uso indebido de influencias para encubrir irregularidades.

Estas actuaciones han encendido las alarmas en el Congreso y en la opinión pública, que exige sanciones ejemplares y reparación efectiva a las comunidades afectadas.

📍 ¿Qué pasó con el agua?

De los 40 carrotanques anunciados en 2023 como parte de una estrategia de contingencia para llevar agua a zonas rurales de La Alta Guajira, solo cinco fueron vistos en operación, y en condiciones técnicas deficientes.

• Los contratos firmados nunca pasaron por controles rigurosos del Ministerio de Vivienda ni por auditorías de la Contraloría.

• La UNGRD, bajo la dirección de González, emitió pagos a empresas que no tenían experiencia logística ni certificados de operación.

• Las comunidades indígenas Wayuu, principales destinatarias del recurso, no recibieron ni una gota, según líderes locales.

🗣️ Voces desde La Guajira: “Nos robaron el agua y la esperanza”

En entrevista con líderes comunitarios, la indignación es total:

“¿Cómo se atreven a jugar con la vida de nuestros niños? Aquí no solo robaron plata, robaron salud y dignidad”, afirma Mariela Epieyu, lideresa Wayuu de Uribia.

La desnutrición infantil en la zona sigue en aumento, y las comunidades claman por acciones estructurales, no paños de agua tibia.

📊 ¿Por qué este caso es clave?

Porque combina todos los elementos que indignan al país:

• Corrupción de alto nivel.

• Fraude en un servicio esencial.

• Participación de funcionarios y congresistas.

• Pérdida de recursos que debían salvar vidas.

• Impacto directo sobre comunidades vulnerables.

Además, la trama muestra cómo el sistema de contratación estatal puede ser manipulado con fines políticos, afectando la credibilidad de las instituciones.