En el marco de las discusiones para definir el salario mínimo de 2025, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha ratificado su propuesta de un incremento del 12 %, destacando la importancia de garantizar una mejora significativa en el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. Esta cifra surge en respuesta a los retos económicos actuales, como la inflación acumulada y el costo de vida, que impactan directamente a los hogares de menores ingresos.
La negociación: tensiones y plazos vencidos
El pasado 15 de diciembre venció el primer plazo legal para alcanzar un acuerdo en la concertación del salario mínimo. Sin embargo, las partes aún no han logrado un consenso. La CUT insiste en que su propuesta es razonable y atiende las necesidades urgentes de los trabajadores, mientras que los gremios empresariales han presentado ofertas más conservadoras, alegando las dificultades económicas que enfrentan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
El Gobierno, por su parte, actúa como mediador en esta discusión, buscando un balance que evite la fijación del salario por decreto, una posibilidad que ya empieza a considerarse ante la falta de avances significativos en las negociaciones.
Argumentos de la CUT
La CUT justifica su propuesta basándose en:
- La inflación acumulada del 2024, proyectada en un 9 %.
- La necesidad de un ajuste real que permita a los trabajadores enfrentar el encarecimiento de bienes y servicios esenciales.
- Un aumento proporcional que, además, impulse la economía interna al fortalecer el consumo de los hogares.
Riesgos de fijación por decreto
De no llegar a un acuerdo antes del próximo plazo, el Gobierno podría establecer unilateralmente el incremento del salario mínimo, un escenario que las centrales obreras consideran desfavorable, ya que podría fijar un aumento inferior al requerido para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
Impacto social y económico
El salario mínimo de 2025 será crucial para cerca de 4 millones de trabajadores colombianos, cuyo sustento depende de este ingreso. Además, su determinación afectará beneficios atados al salario mínimo, como el subsidio de transporte, las pensiones y algunos contratos laborales.
La discusión se encuentra en un punto álgido, y los próximos días serán determinantes para definir si la concertación logra un acuerdo entre trabajadores, empresarios y el Gobierno, o si, por el contrario, se recurre al decreto como solución final.
