El 4 de noviembre, un funcionario del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) fue víctima de un brutal atentado en la localidad de Teusaquillo, Bogotá. El guardia, quien estaba fuera de servicio, recibió varios disparos por la espalda en un ataque sorpresivo que ha dejado a la comunidad y a las autoridades en estado de alerta. La naturaleza del ataque sugiere una posible ejecución de un plan de “pistola”, un término utilizado para describir ataques dirigidos por bandas criminales organizadas.
Se especula que la banda “Los Satanás”, conocida por su actividad delictiva en la región, podría estar detrás de este ataque, dado su historial de amenazas y agresiones contra funcionarios estatales. Este tipo de violencia no es un hecho aislado; en los últimos años, Colombia ha visto un aumento en los ataques contra personal de la seguridad pública, lo que refleja un ambiente de inseguridad y una creciente impunidad en el país.
Las autoridades han intensificado las investigaciones y están realizando operativos en busca de los agresores. También se están revisando las cámaras de seguridad en las áreas circundantes para obtener pistas sobre el ataque. Mientras tanto, el INPEC ha manifestado su preocupación por la seguridad de sus funcionarios, instando a la Policía a implementar medidas de protección más efectivas.
El estado de salud del funcionario es crítico, y su situación ha generado un llamado de atención sobre la importancia de proteger a quienes trabajan en instituciones de seguridad en Colombia. Este ataque resalta no solo la peligrosidad del trabajo en el INPEC, sino también la necesidad urgente de abordar la violencia y el crimen organizado en el país. La respuesta de las autoridades será crucial para determinar cómo se enfrentarán estos desafíos y para garantizar la seguridad de los funcionarios en el futuro.
