La inseguridad en Bogotá ha alcanzado niveles preocupantes en 2024, con un drástico aumento en delitos sexuales y extorsión que está afectando a miles de ciudadanos. Según informes recientes de las autoridades locales y datos proporcionados por el Concejo de Bogotá, los delitos sexuales en la capital han crecido en más del 50% durante el primer semestre del año, acumulando más de 4,200 denuncias. Este repunte se ha concentrado principalmente en localidades como Los Mártires, Chapinero y Teusaquillo, donde el aumento ha superado el 160%, alarmando a la comunidad.
Los casos de violencia sexual afectan mayoritariamente a mujeres, quienes constituyen más del 70% de las víctimas, muchas de ellas menores de edad. Las instituciones que atienden a estas víctimas, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Comisaría de Familia, han sido esenciales en proporcionar apoyo y protección. Sin embargo, las denuncias de insuficiencia en la atención oportuna a las víctimas y la sobrecarga en el sistema de protección siguen siendo desafíos significativos.
Además de los delitos sexuales, la extorsión ha experimentado un crecimiento sostenido durante 2024, con un incremento del 70% en comparación con el año anterior. Las localidades del sur de la ciudad, como Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa, se han visto especialmente afectadas por este fenómeno. Grupos delincuenciales, muchas veces asociados con estructuras organizadas, han enfocado sus esfuerzos en pequeños comerciantes y ciudadanos de a pie, quienes se ven obligados a pagar cuotas para evitar represalias. En lo que va del año, se han registrado más de 1,200 denuncias por extorsión, y aunque las autoridades han desmantelado varias redes criminales, el fenómeno sigue creciendo.
Este contexto ha desatado un debate público sobre la capacidad de las autoridades locales para controlar la situación de seguridad. El Concejo de Bogotá ha exigido al Distrito reforzar las estrategias de prevención y ampliar los recursos destinados a la seguridad. A su vez, la Secretaría de la Mujer y la Defensoría del Pueblo han hecho un llamado a fortalecer los programas de atención a víctimas y a incrementar las campañas de denuncia, con el fin de generar conciencia y ofrecer un respaldo efectivo a quienes enfrentan estas agresiones.
La ciudadanía, por su parte, ha manifestado su preocupación por la falta de seguridad en espacios públicos y en el transporte. Organizaciones de derechos humanos han solicitado una mayor presencia de la fuerza pública en sectores críticos y más recursos para la investigación de estos delitos, que hasta ahora, solo muestran una tasa de judicialización limitada, incrementando la percepción de impunidad.
En conclusión, el panorama de seguridad en Bogotá para 2024 refleja una situación alarmante, donde el aumento de los delitos sexuales y la extorsión pone en jaque a la ciudadanía y deja un claro desafío para las autoridades, quienes deberán intensificar las medidas de protección y de judicialización para contener este flagelo.
