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Sentencia histórica de la JEP contra las FARC

Contexto

  • La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una sentencia contra los siete miembros del último Secretariado de las FARC por el crimen de secuestro.

  • Este fallo se considera histórico porque:

    • Reconoce la responsabilidad colectiva de la cúpula guerrillera.

    • Declara que los secuestros constituyeron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

    • Establece que se cometieron torturas, esclavitud, violencia sexual, tratos crueles e inhumanos contra más de 21.000 personas.


Los responsables

Los siete sancionados son:

  • Rodrigo Londoño (“Timochenko”)

  • Pastor Alape

  • Milton de Jesús Toncel (“Joaquín Gómez”)

  • Pablo Catatumbo

  • Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada)

  • Rodrigo Granda

  • Jaime Alberto Parra


Las sanciones

  • Duración: 8 años (máxima pena en la JEP para quienes reconocen responsabilidad).

  • No hay cárcel, ni pérdida de derechos políticos. Algunos continúan o podrían volver al Congreso si son elegidos.

  • Restricción de libertad limitada: controles sobre movilidad y horarios, pero sin prisión ni brazaletes electrónicos claros.

  • Obligación de trabajos restaurativos en cuatro frentes:

    1. Desminado humanitario

    2. Búsqueda de desaparecidos

    3. Proyectos de memoria y reparación simbólica

    4. Iniciativas ambientales y agrícolas


Tensiones y críticas

  • Para muchas víctimas, las sanciones resultan frustrantes por la falta de cárcel, indemnizaciones o restricciones claras.

  • La percepción es que las penas son más “administrativas” que de sacrificio real.

  • El gobierno no ha garantizado suficiente presupuesto para implementar estos proyectos de reparación.

  • La aceptación de responsabilidad y las disculpas públicas (como la de Timochenko, que describió el secuestro como “crueldad, locura y asco”) son vistas como un paso importante, pero no suficientes para todos.


Balance

  • El fallo es un hito jurídico y político: reconoce la magnitud de los crímenes y obliga a los excomandantes a responder ante la justicia.

  • Sin embargo, también abre un debate sobre la proporcionalidad de las sanciones frente a los horrores cometidos.

  • Marca un precedente en justicia transicional, aunque deja un “sapo difícil de tragar” para muchas víctimas.

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