La decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar la visa del presidente Gustavo Petro encendió una ola de reacciones inmediatas en el panorama político colombiano. Algunos respaldan su postura con vehemencia, otros lo critican por confrontativo, y hay quienes ven en el episodio un golpe simbólico con repercusiones reales.
A continuación, un mosaico de voces que revelan cómo se mueve la contienda política alrededor de esta crisis diplomática.
Respaldo contundente desde el gobierno y aliados
Armando Benedetti (Ministro del Interior) salió en defensa del presidente, argumentando que el revocarle la visa fue un acto simbólico contra Colombia por hablar con verdad ante potencias como EE. UU. Dijo que si alguien debía perder el visado era el primer ministro de Israel por las acciones militares en Gaza, no Petro.
Voceros del oficialismo han asegurado que el mandatario actuó dentro del legítimo ejercicio de la libre expresión y que la medida estadounidense es un ataque directo a la dignidad nacional.
En redes sociales, figuras del Pacto Histórico y movimientos afines han enarbolado la narrativa del “imperialismo” que sanciona a quien denuncia injusticias, usando el episodio como bandera de unidad política frente a agresiones externas.
Se mencionó que la revocación de la visa no restringe la presencia del presidente en foros internacionales dado que, como diplomático en funciones, tiene inmunidades especiales, una interpretación que será debatida jurídicamente.
Críticas ácidas desde la oposición
David Luna, exministro, sostuvo que Petro “renunció al ejercicio presidencial para convertirse en agitador internacional”, y que la revocatoria era una consecuencia previsible de su estilo confrontativo.
José Manuel Restrepo Abondano calificó la decisión como “una vergüenza nacional”, afirmando que el mandatario dejó de representar los intereses del país al adoptar un tono beligerante que daña la imagen internacional.
Figuras como Abelardo de la Espriella acusaron al presidente de sembrar polarización, caos institucional y deterioro de las relaciones diplomáticas.
Se evocaron precedentes: políticos opositores recordaron que el expresidente Ernesto Samper también enfrentó restricciones diplomáticas en su época presidencial, sugiriendo que Petro ha seguido una línea de provocación externa sin calibrar consecuencias.
Quienes llaman a mesura y replanteamiento político
Algunos sectores políticos moderados han pedido prudencia: reconocen la legitimidad de la protesta, pero advierten que la escalada verbal puede comprometer intereses de Colombia, como comercio, cooperación y seguridad.
Le han recordado al Gobierno que América Latina sigue siendo dependiente en muchos aspectos de EE. UU., y que la diplomacia exige balance entre crítica y manejo estratégico de relaciones.
Se sugirió que el presidente podría aprovechar la creciente atención internacional para negociar devoluciones de confianza, restituir canales diplomáticos y evitar daños colaterales en cooperación bilateral.
Ecos simbólicos y narrativas en disputa
Para el gobierno, el episodio es presentado como un acto simbólico: “si Estados Unidos quiere revocar la visa de un presidente que denuncia genocidios, allá ellos”, expresan algunos miembros del círculo cercano.
En cambio, la oposición interpreta que Petro buscaba con su discurso una razón para victimizarse, instalando una “guerra diplomática” que le generara rédito político interno.
Existen analistas que consideran que la medida puede fortalecer la narrativa de que Colombia debe diversificar relaciones internacionales, disminuir la dependencia de Estados Unidos y mirar hacia otros bloques geopolíticos.
Riesgos latentes y preguntas que quedan abiertas
La tensión diplomática puede traducirse en recortes de cooperación en materia de seguridad, lucha antidrogas, intercambio de inteligencia y asesoría para crímenes transnacionales.
Si la revocación se prolonga, podrían verse limitadas participaciones del presidente en eventos internacionales en EE. UU. o compromisos institucionales desde ese territorio.
También cabe preguntarse hasta qué punto este episodio influirá en la agenda electoral (2026), pues puede polarizar aún más el panorama político colombiano.
Otros sectores miran con recelo que esta disputa internacional distraiga del enfoque en problemas domésticos: economía, seguridad, servicios sociales.