Jóvenes entre los 16 y 19 años eran atraídos mediante supuestas ofertas laborales para vender celulares y trabajar en mercadeo. Según la Policía, al llegar a las entrevistas eran retenidos, golpeados y amenazados mientras sus familiares recibían exigencias de más de $1,5 millones para conseguir su liberación. Un año de investigación permitió capturar a cinco presuntos integrantes de la organización ‘Los Chaguendo’.
Bogotá D. C. Una supuesta oportunidad de trabajo se habría convertido en una trampa para jóvenes que buscaban empleo en Bogotá. La Policía Nacional reveló que una presunta estructura delincuencial utilizaba falsas convocatorias laborales para atraer a sus víctimas, privarlas de la libertad y exigir dinero a sus familias mediante amenazas y actos de violencia.
La organización, identificada como ‘Los Chaguendo’, operaba principalmente en la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de la capital.
Tras un año de investigación, el Gaula de la Policía Nacional, en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial, logró la captura de cinco presuntos integrantes mediante operativos desarrollados en Bogotá y Pereira.
OFRECÍAN TRABAJO EN MERCADEO Y VENTA DE CELULARES
De acuerdo con las autoridades, la estructura difundía ofertas de empleo relacionadas con actividades de mercadeo y comercialización de teléfonos celulares.
Las convocatorias estaban dirigidas principalmente a jóvenes de 16 a 19 años, quienes acudían a las supuestas entrevistas con la expectativa de conseguir trabajo.
Sin embargo, según la investigación, una vez llegaban al lugar eran retenidos contra su voluntad mediante engaños.
La Policía sostiene que, durante el cautiverio, las víctimas eran sometidas a violencia física y psicológica, amenazas y presuntos actos de tortura.
El informe no precisa cuántos jóvenes habrían sido afectados en total, aunque señala que la investigación comenzó a partir de las denuncias de dos víctimas.
HACÍAN VIDEOLLAMADAS PARA EXIGIR DINERO A LAS FAMILIAS
Una de las modalidades más graves descritas por los investigadores consistía en utilizar videollamadas con los familiares de los jóvenes retenidos para presionarlos a entregar dinero.
Según el reporte, los presuntos responsables exigían sumas superiores a $1.500.000 a cambio de no atentar contra la integridad de las víctimas y permitir su liberación.
Las amenazas se habrían realizado mientras los jóvenes permanecían bajo el control de sus captores.
La Policía no informó si las familias llegaron a efectuar pagos ni detalló la duración de los cautiverios.
Tampoco se dieron a conocer las identidades de las víctimas, algunas de las cuales serían menores de edad.
ALIAS ‘CHAGUENDO’ HABRÍA COORDINADO LOS SECUESTROS
Las investigaciones permitieron establecer los presuntos roles de los integrantes de la organización.
Según la Policía, alias ‘Chaguendo’ habría sido uno de los encargados de coordinar los actos de sometimiento, violencia y extorsión durante el cautiverio.
También presuntamente actuaba como interlocutor frente a los familiares de las víctimas para realizar las exigencias económicas.
Por su parte, alias ‘Ñato’, ‘Mono’ y ‘Pecas’ habrían participado en las agresiones, las llamadas extorsivas y la vigilancia dentro y fuera del inmueble utilizado para cometer los delitos.
Estos señalamientos forman parte de la hipótesis investigativa y deberán ser evaluados dentro del proceso judicial.
EL PRESUNTO CABECILLA FUE CAPTURADO EN PEREIRA
Uno de los resultados destacados fue la captura en Pereira, Risaralda, de alias ‘Viejo Chaguendo’, señalado como presunto cabecilla de la estructura.
La Policía informó que este hombre también registraba una orden de captura vigente por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
De acuerdo con las autoridades, la organización presuntamente obtenía ingresos adicionales mediante la comercialización de drogas al menudeo.
El informe no especifica las cantidades de estupefacientes comercializadas ni señala incautaciones de droga durante estos procedimientos.
UN AÑO DE INVESTIGACIÓN Y TRES CELULARES INCAUTADOS
La operación fue posible después de aproximadamente doce meses de investigación, durante los cuales se adelantaron actividades de inteligencia e interceptación de comunicaciones dentro del marco de las actuaciones judiciales.
Los procedimientos realizados en Bogotá y Pereira permitieron la captura de cinco personas y la incautación de tres teléfonos celulares.
Estos dispositivos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes como elementos relacionados con la investigación.
La Policía informó que cuatro personas fueron capturadas por orden judicial y una mediante un procedimiento asociado a imputación, sin detallar las circunstancias procesales de esta última.
Los detenidos quedaron vinculados a actuaciones por los presuntos delitos de secuestro extorsivo, en concurso heterogéneo sucesivo, y hurto calificado y agravado.
Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento, aunque el reporte no precisa si todas las medidas son privativas de la libertad ni la modalidad aplicada a cada procesado.
ALERTA POR FALSAS CONVOCATORIAS LABORALES
El caso pone de relieve los riesgos de acudir a ofertas laborales cuya procedencia no ha sido verificada, especialmente cuando están dirigidas a adolescentes y jóvenes que buscan su primera oportunidad de empleo.
Para reducir los riesgos, es recomendable verificar la existencia de la empresa, confirmar sus canales oficiales de contratación, informar a una persona de confianza el lugar de la entrevista y desconfiar de convocatorias que cambian repentinamente de ubicación o exigen encuentros en inmuebles particulares sin identificación empresarial.
Si una persona recibe amenazas o exigencias de dinero relacionadas con la retención de un familiar, debe contactar inmediatamente a las autoridades y evitar actuar por cuenta propia.
La Policía Metropolitana de Bogotá recordó que cualquier situación sospechosa o hecho delictivo puede denunciarse a través de la línea de emergencias 123.
Los cinco capturados conservan la presunción de inocencia mientras las autoridades judiciales determinan su responsabilidad individual en los hechos investigados.