Golpe histórico contra la extorsión digital que operaba desde cárceles y afectaba a miles de víctimas en todo el territorio
En una de las operaciones más contundentes contra la extorsión carcelaria en Colombia, la Policía Nacional, a través del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de 33 personas y la imputación de cargos a 6 más, integrantes de la estructura criminal conocida como ‘Los Bautistas’, señalada de ser la red de extorsión digital más grande del país.
Este resultado se enmarca en la estrategia institucional Seguridad, Dignidad y Democracia, y representa un golpe estructural a una organización que durante años afectó la tranquilidad, la economía y la integridad emocional de ciudadanos en diferentes regiones del país, mediante sofisticadas modalidades de engaño y amenaza ejecutadas desde centros penitenciarios.
Una investigación de alto impacto y alcance nacional
La operación fue el resultado de 10 meses de investigación especializada, durante los cuales se analizaron más de 4 millones 800 mil datos, entre líneas telefónicas, movimientos financieros, cuentas bancarias y flujos digitales, permitiendo reconstruir el entramado criminal y los roles específicos de cada uno de sus integrantes.
Las pesquisas permitieron establecer que esta organización delinquía principalmente desde los centros penitenciarios La Picota y El Buen Pastor, desde donde coordinaban extorsiones a ciudadanos de múltiples departamentos del país, utilizando herramientas tecnológicas, redes sociales y sistemas de mensajería instantánea para maximizar su alcance y evitar la detección.
Un modelo criminal basado en el engaño y la intimidación
El accionar delictivo de ‘Los Bautistas’ se caracterizaba por su diversificación de modalidades. En muchos casos, los delincuentes creaban perfiles falsos en redes sociales, haciéndose pasar por mujeres, con el objetivo de establecer vínculos de confianza, principalmente con hombres. Una vez consolidado el contacto, trasladaban la conversación a plataformas de mensajería privada y solicitaban pagos a cambio de supuestos contenidos sexuales.
Posteriormente, y tras obtener capturas de pantalla o material de las conversaciones, las víctimas eran amenazadas con la publicación de dicho contenido, acusándolas falsamente de delitos graves como pedofilia o violencia sexual, con el fin de presionarlas psicológicamente y obligarlas a realizar pagos inmediatos.
En otros casos, los integrantes de la red se hacían pasar por menores de edad o falsos funcionarios judiciales, enviando órdenes de captura, citaciones o documentos falsificados, mediante los cuales exigían sumas de dinero que oscilaban entre 100 mil y 5 millones de pesos, bajo la amenaza de procesos penales inexistentes.
Estructura organizada y participación de exfuncionarios
La investigación permitió identificar una estructura jerárquica claramente definida, compuesta por cabecillas, coordinadores, financieros y recolectores, lo que evidencia el nivel de organización y planificación de la red. De igual manera, se estableció la participación de exfuncionarios del INPEC y familiares, quienes habrían facilitado el ingreso, uso y ocultamiento de dispositivos de comunicación al interior de los centros carcelarios.
Entre los capturados se encuentra alias ‘Pedro’, principal cabecilla de la organización, quien se encargaba directamente del contacto con las víctimas y que había recuperado su libertad hacía apenas un mes. Así mismo, fue capturado alias ‘Omar’, exfuncionario del INPEC, señalado de coordinar desde el interior de la cárcel La Picota un call center criminal, desde donde se dirigían múltiples extorsiones de manera simultánea.
Allanamientos, incautaciones y millonarias rentas criminales
Como parte de la ofensiva judicial, se realizaron 16 diligencias de allanamiento y registro en Bogotá, Soacha, Villavicencio y Cali, donde fueron incautados un arma de fuego, 30 teléfonos celulares, 55 tarjetas SIM, 45 memorias microSD y abundante documentación relacionada con la actividad criminal.
Las autoridades establecieron que esta estructura habría generado rentas criminales cercanas a los 17 mil millones de pesos entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de octubre de 2025, y que solo por concepto de extorsiones lograron recaudar aproximadamente 429 millones de pesos, afectando a un número significativo de víctimas en todo el país.
Varios de los capturados presentan antecedentes judiciales por delitos de alto impacto como homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, hurto agravado, secuestro, concierto para delinquir y desaparición forzada, lo que reafirma la peligrosidad de esta organización.
Un mensaje claro contra la extorsión
Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso de combatir frontalmente la extorsión en todas sus modalidades, especialmente aquella que se origina desde centros penitenciarios y utiliza medios digitales para afectar a los ciudadanos. Durante el año 2025, las acciones institucionales han permitido una reducción del 23 % en el delito de extorsión, lo que representa 573 casos menos en comparación con el año anterior.
La institución invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier intento de extorsión, recordando que la línea 165 del GAULA está disponible las 24 horas para brindar orientación, acompañamiento y protección, garantizando absoluta reserva.