La DIJIN desmantela organización criminal vinculada al Estado Mayor Central de las extintas FARC
En una operación coordinada entre la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades capturaron a ocho presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico de precursores químicos utilizados en la fabricación de explosivos. El operativo se desarrolló en distintas ciudades y municipios del país, logrando incautaciones clave para la investigación.
Un outsourcing criminal al servicio de un grupo armado residual
Según las investigaciones, la organización operaba como un outsourcing criminal para el Grupo Armado Organizado Residual Estado Mayor Central (EMC), facilitando la adquisición y distribución de insumos explosivos en Antioquia y otras regiones.
El modus operandi consistía en adquirir los precursores químicos en Ecuador mediante intermediarios, ingresarlos ilegalmente por Ipiales (Nariño) y distribuirlos en Medellín y otras zonas estratégicas. Para evadir a las autoridades, los insumos eran transportados en empaques de productos agrícolas y enviados a través de empresas de mensajería, que desconocían el contenido real de los paquetes.
Capturas y material incautado
Durante el operativo, se llevaron a cabo seis diligencias de registro y allanamiento en Medellín (Antioquia), Sincelejo (Sucre), Pereira (Risaralda), Armenia (Quindío), Riosucio (Caldas), Los Patios (Norte de Santander), Ipiales (Nariño) y el corregimiento de Santa Elena (Antioquia).
Los detenidos fueron identificados como alias “Paty”, “Daniel”, “Chamo”, “Sebas”, “Chuco Orlando”, “Don Hermes”, “Marcos o El Cantante” y alias “Carlos”. Además, se logró la incautación de:
- 125 kilogramos de clorato de potasio
- 16 detonadores para explosivos
- Un galón de ácido nítrico (usado en la fabricación de explosivos)
- Ocho equipos celulares
Judicialización y medidas legales
Tras su captura, los detenidos fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías, quien legalizó el procedimiento y dio inicio a la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se les acusa de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos, delitos que afectan la seguridad nacional.
El juez determinó que los capturados deberán cumplir medida de aseguramiento en sus domicilios, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de sus actividades y posibles conexiones con otras estructuras criminales.
Este golpe a la criminalidad refuerza los esfuerzos de las autoridades por desarticular redes ilegales y frenar el suministro de insumos explosivos a grupos armados que operan en el país.
