El presidente Gustavo Petro definió el incremento del salario mínimo para 2025 mediante decreto, estableciendo un aumento del 9,54 %, lo que eleva el monto mensual a $1.623.000, más un auxilio de transporte de $200.000. Esta decisión se tomó tras la falta de consenso en las negociaciones entre los gremios empresariales, los sindicatos y el Gobierno.
Implicaciones para trabajadores y empresas
Aunque el aumento busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, ha generado preocupaciones tanto en empleados como en empleadores.
- Para los trabajadores: la principal inquietud radica en si este ajuste será suficiente para enfrentar la inflación proyectada para 2025 y garantizar una mejora real en la calidad de vida.
- Para las empresas: los gremios han advertido sobre los desafíos que representa este incremento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que podrían enfrentar mayores costos operativos y posibles despidos.
Un aumento por encima de la inflación
El decreto del presidente Petro establece un ajuste superior a la inflación registrada en 2024, del 9,14 %, lo que refleja una política de recuperación del ingreso real de los trabajadores. Sin embargo, algunos expertos económicos advierten que un aumento desproporcionado podría generar tensiones en el mercado laboral y presiones inflacionarias adicionales.
Reacciones divididas
- Gremios empresariales: manifestaron su preocupación por la sostenibilidad de este incremento, especialmente en sectores productivos con bajos márgenes de ganancia.
- Centrales obreras: consideran el aumento un logro, aunque esperaban un porcentaje mayor que reflejara mejor las necesidades de la población trabajadora.
Perspectivas a futuro
El Gobierno ha señalado que este incremento forma parte de su política para cerrar brechas sociales y fortalecer la economía popular. No obstante, se avecinan debates sobre la necesidad de acompañar este ajuste con políticas que estimulen la productividad empresarial y mitiguen los impactos sobre el empleo formal.
Este decreto reafirma el compromiso del Ejecutivo con la mejora salarial, pero también plantea interrogantes sobre los efectos a mediano plazo en el panorama económico del país.
