El Congreso colombiano se encuentra en la etapa final para aprobar una histórica reforma al Código Penal que busca penalizar la zoofilia y endurecer las sanciones por maltrato animal. Los proyectos de ley en debate no solo proponen cárcel para quienes abusen de animales, sino que plantean la creación de un marco legal robusto para castigar distintas formas de violencia hacia ellos, promoviendo así una cultura de respeto y protección hacia todas las especies.
Impulsados por las senadoras Andrea Padilla y Esmeralda Hernández, ambos proyectos buscan reformar el tratamiento judicial de estos actos. La llamada “Ley Ángel” plantea penas de cárcel severas, de entre tres y siete años, para quienes cometan zoofilia o maltraten a animales de manera cruel. Esta iniciativa también prevé que los agresores no tengan acceso a beneficios judiciales como la libertad condicional, argumentando que los delitos contra los animales representan una forma de violencia que no debe ser tolerada. La propuesta establece que las sanciones se agraven en casos donde el abuso ocurra en presencia de menores de edad o sea cometido por funcionarios públicos, resaltando así la responsabilidad ética y social de proteger a los animales.
En paralelo, la senadora Hernández ha impulsado un proyecto complementario que propone categorizar la zoofilia como un delito autónomo, debido a su gravedad y el daño que representa tanto para los animales como para la sociedad en general. Para Hernández, la zoofilia no solo es un acto de crueldad hacia los animales, sino una amenaza latente hacia los grupos vulnerables, especialmente los niños. Su proyecto de ley enfatiza la necesidad de reconocer la zoofilia como una conducta violenta y antisocial, a la vez que prevé sanciones económicas de hasta 78 millones de pesos (casi 19,000 dólares), las cuales servirán para apoyar programas de rehabilitación para las víctimas y campañas de concientización.
En los debates legislativos se ha puesto en evidencia la importancia de abordar el maltrato animal con un enfoque integral, que incluya prevención, educación y castigo. Las nuevas reformas buscan otorgar a la policía y las autoridades ambientales mayores herramientas para investigar y detener los casos de abuso animal, así como retener preventivamente a los animales que estén en riesgo de ser maltratados. Estas medidas son vistas como esenciales para reducir la violencia generalizada y para evitar que el maltrato animal derive en otros tipos de violencia social, como ya ha sido evidenciado en otros contextos.
Además, este movimiento legislativo se alinea con una creciente sensibilidad de la sociedad colombiana hacia los derechos de los animales. Las campañas de concienciación, junto con las políticas de bienestar animal impulsadas por los grupos animalistas, han fomentado un clima favorable para la reforma, ya que la ciudadanía muestra un mayor interés por la protección de las especies vulnerables y el rechazo a la violencia en todas sus formas.
La comunidad animalista y diferentes sectores de la sociedad siguen de cerca la aprobación de estas leyes, consideradas fundamentales para la protección animal en Colombia. Se espera que una vez aprobadas, estas medidas sirvan como ejemplo en la región y promuevan una nueva era en la legislación de protección animal, no solo en Colombia, sino en toda América Latina.
