El Congreso y el Gobierno colombiano avanzan en la aprobación de una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que busca una redistribución financiera y de competencias hacia las regiones. Este proyecto de ley permitiría a las entidades territoriales recibir hasta el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación, frente al 20% actual. Con esta reestructuración, el gobierno de Gustavo Petro pretende brindar mayor autonomía financiera y administrativa a los territorios, permitiendo que gestionen proyectos y servicios que actualmente dependen de decisiones centralizadas en Bogotá.
El cambio que introduce la reforma tiene como objetivo cerrar brechas sociales y económicas en las regiones, según el Ministerio del Interior. Sin embargo, diversos sectores han expresado preocupación por el impacto fiscal. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), esta reforma aumentaría significativamente las transferencias, alcanzando un 9.2% del PIB en 2036, sin que se definan de forma clara las competencias y la supervisión en la asignación de estos fondos. Esta carga presupuestaria podría desestabilizar al Estado, según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, y otros expertos, quienes sostienen que sería imposible sostener un aumento de esta magnitud solo con los ingresos actuales.
Críticos de la reforma, como el exministro José Manuel Restrepo, advierten que la implementación de esta reforma pondría en riesgo la capacidad del Estado para cumplir con otras obligaciones, especialmente en sectores como justicia y seguridad. Además, el proyecto podría complicar el manejo fiscal para futuros gobiernos debido a una mayor inflexibilidad en el presupuesto, aumentando el riesgo de déficit.
Actualmente, el proyecto se encuentra en el sexto de los ocho debates necesarios para su aprobación y, de ser aprobado, entraría en vigencia en 2027, con una implementación gradual en la distribución de recursos.